ESQUEMA DEL JUICIO VERBAL DE DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO.

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En el Juicio de desahucio, una vez presentada la demanda, se procede a requerir al demandado para el desalojo de la finca y el pago de las rentas debidas.
Si el arrendatario no formula oposición, se da por terminado el procedimiento sin necesidad de celebrar juicio ni de dictar sentencia.

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La recuperación judicial de las viviendas ocupadas tras la Ley 5/2018, de 11 de junio.

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El pasado día 12 de junio de 2018 se publicaba en el BOE la Ley 5/2018, de 11 de junio, mediante la cual se reformaban algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de arrendamientos urbanos y ocupación ilegal de viviendas con el propósito de agilizar la sustanciación de los procesos judiciales encaminados a recuperar las viviendas ilegalmente ocupadas.

Sin embargo, está reforma únicamente afecta a los inmuebles que tengan la consideración de primera o segunda vivienda, dejando fuera a los locales de negocio Continuar leyendo

Cumplidos 5 años de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿cómo quedan los contratos?

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Cumplidos 5 años de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿cómo quedan los contratos?

— Leer en blog.sepin.es/2018/06/reforma-ley-arrendamientos-urbanos-unificacion-contratos/

El recurso frente a la sentencia de desahucio.

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No es frecuente que el inquilino recurra en apelación la sentencia que declara su desahucio ya que el artículo 449.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige acreditar tener satifechas las rentas debidas, siendo el tenor literal de dicho precepto el siguiente:

1. En los procesos que lleven aparejado el lanzamiento, no se admitirán al demandado los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación si, al interponerlos, no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas. Continuar leyendo

La moratoria de suspensión de lanzamientos hipotecarios se amplía hasta 2020. 

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El Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, en vigor desde el pasado 19 de marzo, amplía a tres años más la moratoria de protección a los colectivos vulnerables por la crisis ante situaciones como el desahucio de su vivienda.

Pero sus principales novedades se centran no solo en la ampliación del citado plazo, sino también en la relación de colectivos que se beneficiarán de estas medidas de protección. Así, los criterios subjetivos para acogerse, tanto al Código de Buenas Prácticas, como a la Continuar leyendo