Lo pagado en concepto de pensión de alimentos para los hijos no admite devolución.

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Los magistrados señalan que ese dinero ya fue «consumido en las necesidades perentorias de la vida»

Lo pagado en concepto de pensión de alimentos para los hijos no se puede devolver, ni siquiera en parte, por lo que no se puede obligar a hacerlo a quienes lo recibieran, según se recoge en una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia. Ese Continuar leyendo

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Obligación de alimentos de los abuelos a los nietos por insolvencia de los padres.

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La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2018 condena a unos abuelos pensionistas a pagar la pensión de alimentos a sus nietos, viviendo los padres de estos últimos.

— Leer en www.elderecho.com/tribuna/civil/Obligacion-alimentos-abuelos-insolvencia-padres_11_1224805001.html

Derecho de alimentos: sujetos obligados a prestarlos y con derecho a recibirlos. 

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Según el artículo 143 del Código Civil están obligados recíprocamente a darse alimentos:

  1. Los cónyuges que se hallen en convivencia. No hay deuda alimenticia en los casos de nulidad del matrimonio desde la declaración judicial de nulidad. En los casos de divorcio y de separación legal, solo para el caso de que la nueva situación suponga un empeoramiento patrimonial para uno de los cónyuges podría ser exigible como pensión compensatoria vía artículo 97 del Código Civil, cabiendo aquí una pensión temporal o indefinida o una prestación única. En último lugar y para el caso de separaciones de hecho, sí se mantiene el derecho de alimentos.
  2. Los ascendientes y descendientes, siempre que estos últimos sean menores de edad no emancipados, como obligación inserta dentro del ámbito de la patria potestad. En el caso de mayores de edad, cabe también el derecho de alimentos, únicamente extensible en su vertiente de formación y educación, para el exclusivo caso o supuesto de no finalización de la misma y hasta alcanzar su independencia económica.
  3. Los hermanos, los cuales se encuentran obligados al derecho de alimentos restringidos, esto es, circunscritos a la subsistencia y educación, y siempre que la situación de necesidad no sea achacable al alimentista.

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El impago de la pensión de alimentos y el Fondo de Garantía de Alimentos.

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El impago de una pensión de alimentos establecida en una sentencia de divorcio, separación o medidas a favor de un hijo menor de edad es algo que desgraciadamente los abogados vemos con bastante asiduidad. En estos casos se puede instar judicialmente la ejecución de dicha medida (vía civil) o en los casos más graves interponer la correspondiente denuncia o querella criminal (vía penal). Pero además, existe otra alternativa: podemos solicitar al Estado que nos abone, hasta 100 euros al mes por hijo, a cuenta de esa pensión. Es el conocido como Fondo de Garantía de Alimentos, que viene regulado en el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, y tiene como finalidad

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El Tribunal Supremo reconoce la pensión de viudedad a una mujer separada

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El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha acordado reconocer la prestación de viudedad a una mujer que tras su separación había percibido un importe mensual como manutención, sin que en el convenio regulador de la separación se hubiera fijado pensión compensatoria sino exclusivamente alimentos, aunque la beneficiaria no llegó a tener a su cargo al hijo común

La Sala recuerda que mientras que la prestación de alimentos atiende a las necesidades de los hijos, la pensión compensatoria pretende atender al desequilibrio económico tras una ruptura matrimonial. Sin embargo, en muchas ocasiones los conceptos de las prestaciones económicas que se satisfacen como consecuencia de la separación o divorcio generan confusión porque la atribución del cuidado de los hijos a uno de los progenitores ocasiona que la pensión comprenda tanto la finalidad compensatoria como la alimenticia (así, cuando se utilizan conceptos como “alimentos y ayuda a esposa e hijos”, “cargas familiares”, “gastos de esposa e hijos”).
Ante el panorama de pensiones innominadas que se presenta en los convenios de separación y divorcio no es posible ceñirse exclusivamente a la denominación dada por las partes y no puede exigirse que la pensión compensatoria haya sido fijada con esa denominación para poder acceder en su momento a la prestación de viudedad, sino que “habrá que acudir a la verdadera naturaleza de la pensión fijada a cargo del causante, extraída de las circunstancias del caso y acudiendo en suma a una interpretación finalista”.
Por lo que el reconocimiento de la pensión de viudedad pasa por determinar si en el caso concreto el fallecimiento pone fin a una obligación asumida por el cónyuge fallecido con la finalidad de atender la finalidad propia de la pensión compensatoria, es decir, la pérdida del montante económico a que se tuviera derecho en el momento del fallecimiento y que se pierde por esta causa.

En anteriores ocasiones (SSTS 14-2-2012, recurso 1114/11; 21-2-2 2012, recurso 2095/11 y 17-4-12, recurso 1520/11) la Sala, al interpretar el requisito de tener derecho a pensión compensatoria había exigido que la pensión percibida tras el divorcio o separación se hubiese fijado de modo nominal y expresamente como pensión compensatoria, doctrina que es ahora modificada por la Sala.

Por otra parte, en cuanto al segundo de los requisitos (que la pensión compensatoria se extinga a la fecha del fallecimiento del cónyuge), en sentencia de 18/09/2013, rcud 2985/2012, esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo reconoció pensión de viudedad a una persona viuda, separada judicialmente, a la que la sentencia de separación había asignado pensión compensatoria, aunque durante los últimos once años anteriores al fallecimiento de su cónyuge no había percibido ni reclamado dicha pensión.
La Sala entendió en esta otra sentencia que la norma exige que la persona divorciada o separada tenga reconocida la pensión compensatoria, no que sea perceptora efectivamente de ella en el momento del fallecimiento, por lo que “la no reclamación de pensión compensatoria no supone su extinción”.

El nuevo criterio de la Sala de lo Social se adoptó en Pleno el pasado 29 de enero.