El derecho del católico a apostatar: disquisiciones terminológicas, régimen jurídico y procedimiento a seguir.

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Antes de entrar a analizar el régimen jurídico de la apostasía dentro de la religión católica,  conviene saber de qué estamos hablando cuando decimos “apostasía” y qué la diferencia de otras figuras afines como puedan ser la herejía o el cisma.

Así, la Real Academia de la Lengua Española define el significado del verbo “apostatar”, en su primera acepción, como “abandonar públicamente” una “religión”; es decir, la decisión voluntariamente adoptada de separarse de una determinada confesión y hacerlo además de manera pública, es decir, no quedando la renuncia en el fuero interno del sujeto, sino haciéndose patente y manifiesta a los demás a través de los medios o procedimientos establecidos a tales efectos. Apostatar, por tanto, implica una conducta pasiva consistente en dejar de creer en una religión en su totalidad, como decisión reflexiva y privada del individuo (el abandono), seguida de una conducta activa del sujeto a través de los mecanismos oportunos para que dicha decisión trascienda de lo individual a lo colectivo (la publicidad de ese abandono). De hecho, por lo que atañe a la fe católica, en la Carta circular del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos de 13 de Marzo de 2.006 (Prot. nº 10279/2006) se aclara que el abandono de la Iglesia católica, para que pueda ser configurado válidamente, debe concretarse en la decisión interna de salir de la Iglesia católica (el abandono) seguida de la actuación y manifestación externa de esta decisión (publicidad del abandono), a la que añade un tercer requisito, cual es la necesidad de su recepción por parte de la autoridad eclesiástica competente para Continuar leyendo

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Cobrar una incapacidad total de otro Estado miembro de la UE no impide percibir la jubilación en España.

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El Tribunal Supremo (TS) ha establecido la compatibilidad de la pensión de jubilación con otra por incapacidad permanente total (IPT) recibida de otro estado miembro de la Unión Europea.

La sentencia avala la recepción de ambas al tratarse de pensiones de la misma naturaleza pero compatibles porque la legislación española carece de norma específica que disponga lo contrario, condición impuesta por el Reglamento UE 883/2004. El TS cambia así de criterio tras su consulta al Tribunal de justicia de la Unión Europea.

— Más información en: www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9353772/08/18/Cobrar-una-incapacidad-total-no-impide-percibir-la-jubilacion.html

Análisis del Real Decreto-Ley 10/2018, de 24 de agosto, de modificación de la “Ley de Memoria Histórica”: fundamento, urgencia, necesidad y contenido de la reforma legal.

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Hoy día 25 de agosto de 2018 aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (coloquialmente conocida como “Ley de Memoria Histórica”).

El fundamento y necesidad de la reforma operada por el Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, se desarrolla ampliamente en su preámbulo, señalándose las siguientes circunstancias:

– La necesidad de reencuentro entre los españoles y de homenaje igualitario a todas las víctimas y agraviados de la Guerra Civil.

– La retirada de símbolos y monumentos de exaltación de la Guerra Civil y de la Dictadura como medida necesaria para expresar la repulsa y condena hacia elementos Continuar leyendo

El requisito de la “extraordinaria y urgente necesidad” en los decretos-leyes.

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El Real Decreto-Ley tiene como presupuesto habilitante esencial que venga motivado por una “extraordinaria y urgente necesidad”, tal y como establece el artículo 86.1 de la Constitución Española: “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”.

La apreciación de la situación de extraordinaria y urgente necesidad, como ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional, es competencia exclusiva del Gobierno como “juicio puramente político”, en tanto que manifestación de la dirección política del Estado que le corresponde (STC 29/1987), y pudiéndolo hacer con un “razonable margen de discrecionalidad”, lo que habitualmente suele explicitarse por el Ejecutivo Continuar leyendo

¿Qué es un Decreto-Ley?

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El Real Decreto-Ley es una norma con rango de Ley dictada por el Ejecutivo y sancionada por el Rey en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad que requiere de una posterior convalidación o ratificación de parte del Congreso de los Diputados dentro de los treinta días siguientes a su promulgación y que no puede afectar a determinadas materias recogidas en la Constitución.

En consecuencia, son tres las notas que definen a esta clase de disposiciones legislativas: Continuar leyendo